El pasado 20 de enero de 2022, la ministra de Igualdad, Irene Montero, fue invitada al Foro Justicia del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid para abordar la importancia de aplicar la perspectiva de género en el ámbito de la Justicia. Despreció a esta al denominarla patriarcal y afirmando que hay que deshacerla porque es un obstáculo en el acceso a las mujeres a todos sus derechos e impide la protección efectiva de las víctimas. Desconocía que, según los datos del CGPJ (70ª promoción de jueces), un 71,28 % de los nuevos magistrados que se incorporan a la Carrera Judicial en distintos puntos de España son mujeres; o que de los 188 jueces que constituyen la nueva promoción de togados son hombres, es decir, que solo representan el 28,72 % del total.
Dña. Irene Montero ignora u omite que la Edad Moderna15 se caracterizó por utilizar la razón y la ciencia para entender la realidad. En la postmodernidad ―siglo XX, 1970-1980― el pensamiento racional es objeto de desconfianza y sospecha. Considera que todo depende de los pensamientos políticos, los discursos subjetivos y los constructos. Así, poco a poco, el antirracionalismo se ha instalado en la sociedad, en la justicia, en los partidos políticos y en las asociaciones afines a la ideología de género. En este contexto de oscuridad y desprecio por la razón y la ciencia, surge el Mito del Patriarcado, del que ya hemos hablado, según el cual hay una entidad maléfica que tiene la finalidad de discriminar, oprimir, violentar y matar a las mujeres y a los grupos LGTB.
La violencia de la pareja, que según la ciencia puede obedecer a muchas razones, se entiende por el feminismo de género como ordenada por el patriarcado. Por ello, se reputa como violencia de género. Los asesinatos a mujeres se entienden ordenados por el Patriarcado; por eso se les llama feminicidios.
En pleno siglo XXI, encontramos actos de Declaración de Fe en el Mito del Patriarcado en las leyes y Tratados Internacionales. Por este motivo, ya no es la ciencia ―despreciada― la que investiga y describe la realidad, sino que se la ha desplazado por la fe, cuando la fe se hace obligatoria por la fuerza coactiva del derecho.
Entonces, cuando una determinada fe se convierte en una verdad legal dentro del ordenamiento jurídico español, pasamos de una sociedad moderna y racionalista a una posmoderna y antirracional para, finalmente, enclavarnos en una neo-oscurantista. En la sociedad neo-oscurantista, las mitologías son las que rigen el derecho y las normas de la convivencia. Esto trae la fatal consecuencia de que en esta sociedad neo-oscurantista está prohibida la duda. No solamente porque las leyes adoptan la fe en el Mito del Patriarcado, sino también porque la duda conlleva la acusación al escéptico de no haberse deconstruido, ser un machista y ser así coautor de todos los feminicidios y actos de violencia contra las mujeres.
Esta ministra es la que transmite15 barbaridades a los ciudadanos tales como que los problemas que afectan a las mujeres sometidas al régimen de los talibanes en Afganistán son iguales que los problemas de las españolas. Porque, según ella, las mujeres están sometidas a un mismo sistema se opresión ―refiriéndose al machismo― en todas las sociedades y
15 Véase vídeo: https://www.libertaddigital.com/espana/2021-09-06/irene-montero-insiste-en-que-afganas-y-espanolas-estan-sometidas-a-un-mismo-sistema-6814852/
culturas, aunque las diferencias materiales cambien según el país. Afirma que el patriarcado es la base de la vulneración de derechos de la mujer.
Por esta disparatada mitología del patriarcado, el pensamiento crítico ha quedado anestesiado por la culpa y el miedo a expresar ideas contrarias al pensamiento totalitario de la ideología de género. Al permitir que dicha ideología se inserte en la sociedad y en las instituciones españolas, se ha llegado a tal degradación que estamos siendo testigos impasibles de la total destrucción de valiosísimas conquistas logradas por el racionalismo en la civilización occidental: el derecho fundamental a la igualdad ante la ley, el derecho fundamental a la presunción de inocencia, a la libertad de expresión y pensamiento; el sufragio universal, el derecho fundamental a un juicio justo con todas las garantías procesales, el derecho fundamental a un tribunal imparcial o la protección contra cualquier forma de autoritarismo.
La intervención de doña Irene Montero el pasado 20 de enero de 2022 en el Colegio de Abogados de Madrid, constituye un ataque directo a la independencia del estado de derecho y al ordenamiento jurídico. Y que la sede institucional de la abogacía madrileña le dé pábulo a la ministra de Igualdad constituye un gravísimo error, toda vez que se promocionan debates extralimitados del ejercicio de la profesión, siendo inaceptable desde el más elemental sentido común invitar a una ministra que defiende y apoya las manifestaciones del 8-M en España.
La ideología con perspectiva de género se ha instaurado en todas las instituciones del Estado, incluidas las de la abogacía, donde los colegios de abogados ofrecen continuamente a sus colegiados cursos sobre violencia contra la mujer, y en la actualidad con invitaciones a la ministra de Igualdad cuyo ministerio debería desaparecer de forma inmediata.
La Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género ha desvirtuado la profesión de la abogacía en España, porque el Código Europeo de la Abogacía establece: «En un Estado de derecho, el abogado debe servir a los intereses de la Justicia, así como a los derechos y libertades que se le han confiado para defenderlos y hacerlos valer […]». Entre estos derechos está la igualdad de trato o el respeto a la presunción de inocencia.
También, el Código Deontológico de los abogados en la Unión Europea16 establece independencia en su artículo 2.1.
«2.1.1.: La diversidad de obligaciones a las que el abogado se encuentra sometido le impone una independencia absoluta, exenta de cualquier presión, principalmente de aquella que surja de sus propios intereses o de influencias exteriores. Esta independencia es también necesaria para mantener la confianza en la Justicia y en la imparcialidad del juez. Por lo tanto, un abogado debe evitar todo ataque a su independencia y velar por no comprometer los valores de la profesión por complacer a su cliente, al juez o a terceros.
El hecho de que los colegios de abogados se hayan doblegado a la ideología de género es un incumplimiento de este principio del Código Europeo y de la Directiva 98/5/CE».
El artículo 14 de la CE declara la igualdad de todos los españoles. Sin embargo, el Ministerio de Igualdad ignora que este artículo va dirigido tanto a mujeres como a hombres. Es más, las ideólogas de género lanzan el discurso falso de que el esfuerzo individual y su lucha a lo largo de la historia, codo con codo con el hombre, ni siquiera ha existido.
16 Ver: https://www.abogacia.es/wp-content/uploads/2012/06/cod-deontologico-abogados-UE.pdf
Por ello, es conveniente recordar que en España no siempre se reconoció el derecho fundamental que declara la igualdad de los españoles. Las mujeres del siglo XXI deben saber que hubo un tiempo en España en el que las aspiraciones, sociales, culturales, educativas, retos y proyectos de una mujer eran vistos como una suerte de extravagancia, casi cómica, que se pasaría con la edad. Cito literalmente: «La mujer es vana, superficial, egoísta, es inferior al hombre en cabeza y corazón, ¿qué sería de la mujer si el hombre no la amara? Bestia de carga. Nada más». Palabras literales de Sabino Arana, fundador del partido nacionalista vasco, que mantiene una fundación con su nombre en homenaje.
Hubo un tiempo en España en el que las mujeres no podían acceder a los estudios o ejercer una profesión como los hombres, porque se entendía que la única dedicación debía ser la crianza de los hijos y el cuidado de los maridos. No es un tiempo tan lejano este, donde la desigualdad de derechos en España entre hombres y mujeres hacía de estas auténticos seres inferiores.
El Código Civil español de 1889 recogía los siguientes mandatos: «El marido debe proteger a la mujer y esta obedecer al marido». Artículo 57. «La mujer está obligada a seguir a su marido, donde quiera que este fije su residencia». Artículo 58. «El marido es el administrador de los bienes de la sociedad conyugal». Artículo 59. «El marido es el representante legal de la mujer. Esta no puede, sin su licencia, comparecer en juicio por sí o por medio de procurador». Artículo 60. «Tampoco puede la mujer, sin licencia, adquirir por título oneroso o lucrativo, enajenar sus bienes, ni obligarse, sino en los casos y con las limitaciones previstas en la ley». Artículo 61.
Estos son solo unos ejemplos de los mandatos del Código Civil español, mandatos que fueron reformados en 1975, un año en el que las mujeres dejaron de necesitar la autorización de sus maridos para ejercer el comercio o para poder abrir una cuenta corriente en el banco. Para llegar a esa igualdad ha sido necesaria una gran lucha y, en la conquista de derechos, hay que agradecer a las mujeres que han precedido a las feministas ideólogas de género. Pero también hay que agradecer a los hombres que, en un mundo de hombres, lo hicieron posible. ¿Quiénes creen que fomentaron el derecho a voto femenino en España? Las Cortes Constituyentes en 1931 reconocieron a las mujeres el derecho del voto femenino, por 161 votos a favor, 121 en contra y 188 abstenciones. En ese tiempo solo nos representaban dos mujeres, el resto eran todos hombres; de esas dos mujeres, Victoria Kent (1889-1987), del partido republicano socialista, que votó en contra del derecho al voto femenino.
Esto quiere decir que 161 varones apoyaron el discurso que la diputada y abogada Clara Campoamor (1888-1972) pronunció un 1 de octubre de 1931 a favor de reconocer a las mujeres el derecho de sufragio femenino. También defendió el derecho al divorcio.
Gracias a esa lucha conjunta de hombres y mujeres, en un momento en el que hablar de derechos de estas en España era una triste utopía, se fue conquistando la igualdad en la educación, en la cultura, en la política, en la sociedad.
En este sentido, cuando el acceso a la universidad estaba prohibido a las mujeres, Concepción Arenal (1820-1893) decidió vestirse de hombre para asistir a clases de Derecho en 1841. Esta escritora, periodista y activista se enfrentó a las normas establecidas para conseguir el derecho de las mujeres a la educación superior. También defendió la derogación del artículo 438 del Código Penal, el cual permitía al marido matar a su esposa en casos de adulterio.
Carmen de Burgos (1867-1932) fue considerada una pionera del periodismo en España y una de las grandes escritora de su siglo.
Emilia Pardo Bazán (1851-1921) fue la primera catedrática en España; también destacó como novelista, poetisa y periodista.
María Moliner (1900-1981) cuestionó a la RAE creando su propio diccionario. Licenciada en Historia, redactó las directrices del proyecto del Plan de Bibliotecas que está considerado el mejor plan bibliotecario de España.
María Telo (1915-2014) impulsó la reforma del Código Civil para eliminar la discriminación jurídica entre hombres y mujeres; abogada, primera mujer en obtener una plaza en el Cuerpo Técnico de Administración de Agricultura, dedicó toda su vida a defender la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Su gran logro fue conseguir que la mujer no debiese obediencia al marido y pudiese tener bienes propios, así como administrarlos. También consiguió que no fuese necesario el permiso del varón para acceder a un empleo, no tantos años atrás, en 1975.
Todas estas mujeres, entre otras, ejercieron una auténtica política de igualdad. Su lucha ha sido esencial para acabar con esa injusticia, que hacía a las mujeres seres inferiores y las discriminaba en derechos y libertades fundamentales por el mero hecho de ser mujer.
Esas políticas de igualdad dejaron un legado que debe recordarse y enseñarse a los más jóvenes. Esa lucha de hombres y mujeres es la herencia que hemos recibido, y es lo que ha permitido que España y todos los españoles seamos iguales ante la ley.
Dicho esto, el Ministerio de Igualdad representa la más absoluta traición a ese legado y a la lucha histórica por los derechos de las mujeres.
El feminismo que representa la ideología de género es desigualdad, es división, es enfrentamiento, es odio y tiranía: la tiranía del pensamiento único. La desigualdad de quienes, en nombre de una falsa igualdad, crean en España ciudadanos de segunda: los hombres. Con leyes que separan y clasifican inconstitucionalmente por sexos, y ahora por género. El enfrentamiento de quienes creen que la única forma de relacionarse con el sexo opuesto es desde la confrontación, el miedo y la desesperanza.
El tiranismo que representa el Ministerio de Igualdad está empeñado en borrar todo rastro de feminidad y dispuesto a decir e imponer a las mujeres cómo tienen que pensar, cómo tienen que vestir, qué tienen que decir… El odio patológico al varón en el que se basan las políticas de igualdad hace de las ideólogas de género auténticas hembristas, no feministas. Porque el enfrentamiento entre el hombre y la mujer es el nuevo discurso que ha sustituido al discurso sobre la lucha obrera. Discurso este que ya no se sostiene desde la vida de lujo y placer de aquellos que defienden las actuales políticas de igualdad entre el hombre y la mujer.
Esa lucha de sexos descansa sobre una piedra angular: la criminalización del varón. Hacer de todo hombre un potencial asesino, violador, maltratador, aprobando una legislación de excepción y una suerte de tribunales de honor donde el hombre entra como presunto culpable y solo sale absuelto si demuestra su inocencia. Por ello, la Ley Integral de Violencia de Género debe derogarse y ser sustituida por una ley de violencia intrafamiliar en la que se defienda también a los hombres, a las parejas homosexuales, a los niños y a los ancianos.
El actual Gobierno ha aprovechado la pandemia para avanzar en esta criminalización del varón en España, con la exclusiva oposición de Vox en el Congreso y el apoyo expreso del Partido Popular y Ciudadanos. En primer lugar, a través de la Ley de Protección a la Infancia 8/2021 de 4 de junio, que ha permitido modificar la legislación vigente, en el sentido de que por la simple denuncia por violencia de género los jueces estén obligados a suprimir la patria potestad o el régimen de visitas a los padres respecto de sus hijos menores. Esta Ley ha sido recurrida actualmente por Vox por inconstitucional.
El 11 de noviembre de 2021, la ministra de Igualdad, en la Conferencia Sectorial de Igualdad, y todas las Consejerías de Igualdad de España (PSOE, Partido Popular, Ciudadanos, PNV, Eskerra Republicana y Podemos) aprobaron un acuerdo relativo a la acreditación de las situaciones de violencia de género17. En ese acuerdo se dispone que podrán solicitar la acreditación de víctimas de violencia de género las mujeres que se hallen en las siguientes situaciones:
- Víctimas que se encuentren en procesos de toma de decisión de denunciar.
- Víctimas respecto de las cuales el procedimiento judicial haya quedado archivado o sobreseído.
En estos casos, el reconocimiento de la condición de víctima de violencia de género exige simplemente la declaración de la víctima y una valoración por parte de los Servicios Sociales o de las personas que hagan las funciones en las Comunidades Autónomas, sin siquiera ser funcionarios públicos.
La ideología de género necesita cuantas más víctimas mejor, para así conseguir más subvenciones públicas que no van a parar a las verdaderas víctimas.
Dicho todo esto, un colegio de abogados puede apoyar cualquier iniciativa en pro de la igualdad, la libertad, la presunción de inocencia o cualquier otro derecho fundamental. Pero en ningún caso puede doblegarse a promover una religión determinada, un partido determinado, un espíritu nacional determinado o una ideología determinada. Es inaceptable que se dé cabida a una ministra que defiende una ideología falsa como es la ideología de género, que criminaliza al varón por el mero hecho de nacer hombre.
A través de los cursos de violencia género, se está vulnerando la obligatoria independencia de la abogacía, ya que se está adoctrinando en dichos cursos sobre una ideología que además viola determinados derechos humanos, como por ejemplo el de la presunción de inocencia.
En algunos cursos o jornadas a los que he asistido, se refieren a la persona denunciada como el agresor. Esto es, se parte de la idea de que el denunciado es culpable de antemano.
También se enseña a los abogados cómo debe declarar la mujer para que sirva de prueba de cargo suficiente, siguiendo la doctrina del Tribunal Supremo. Esto es, se enseña cómo debe expresarse y cómo hablar para que la prueba sea muy firme. Se enseña a los abogados una forma de trabajar para invertir la carga de la prueba.
No existe un solo recurso público desde la Abogacía ni desde las instituciones para defender o asesorar a los cientos de miles de hombres que han sufrido una denuncia falsa o instrumental, ni tampoco para defender o asesorar a aquellos padres y madres cuyos hijos son víctimas de alienación parental (2021c: s. p.).
Los colegios de abogados deben impulsar con carácter urgente e inmediato en la formación y sensibilización de sus colegiados en el Síndrome de Alienación Parental y en los principios de protección de los varones víctimas de denuncias falsas de violencia de género.
Ver: 17 https://violenciagenero.org/sites/default/files/boe-a-2021-20570.pdf
Esteban Bastida Martín.
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ISBN 978-84-19304-02-5
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